La Casa Real exige una investigación tras la difusión ilegal de las fotografías tomadas en un centro comercial chileno.
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La Casa Real española ha denunciado la obtención y difusión ilegal de imágenes de la princesa Leonor durante una visita privada al centro comercial Zona Franca en Punta Arenas, Chile. El centro comercial ha reconocido haber entregado el material a medios locales, lo que ha generado una polémica que ha llegado hasta la Fiscalía chilena, quien ya ha abierto una investigación.
Filtración de las imágenes de la princesa Leonor
La princesa Leonor, heredera al trono español, se encontraba en Chile en el crucero de formación a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Durante su visita a Punta Arenas, una ciudad del sur del país, aprovechó su tiempo libre para hacer unas compras en el centro comercial Zona Franca. La visita se desarrolló con total normalidad, sin que su presencia fuera anunciada públicamente.
Pese a la naturaleza privada de la visita, las cámaras de seguridad del centro comercial grabaron el momento y las imágenes fueron entregadas a medios locales. El centro comercial Zona Franca ha admitido su implicación en la filtración, justificando que las imágenes fueron proporcionadas a la prensa «con fines periodísticos», aunque esto supone una infracción de la normativa vigente en Chile sobre protección de datos.
«Las imágenes que han circulado fueron entregadas a los medios de comunicación previa solicitud a Zona Franca de Punta Arenas con fines periodísticos», explicaron los responsables del centro comercial en un comunicado oficial. Asimismo, aseguraron estar dispuestos a colaborar con cualquier requerimiento de información o investigación.
Reacción de la Casa Real y denuncia formal
El hecho ha sido considerado como inadmisible por la Casa Real española, que, tras la difusión de las fotografías, ha tomado medidas. Según fuentes del Palacio de la Zarzuela, el equipo de seguridad de la princesa Leonor, que se encontraba en la zona, presentó una denuncia ante los Carabineros de Chile, lo que llevó a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía chilena.
El comunicado oficial emitido por la Casa Real señala que la filtración «supone una infracción de la normativa vigente en materia de protección de datos», lo que ha incrementado la tensión diplomática entre España y Chile. La denuncia fue formalizada tras una coordinación con la Embajada de España, con el fin de que se esclarezcan los hechos y se determine quiénes fueron los responsables de la filtración.
La Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que ya ha iniciado diligencias al respecto, abrió una investigación el 21 de marzo, basándose en el artículo 161 letra A del Código Penal chileno, que castiga la captación y difusión de imágenes de carácter privado sin el consentimiento de los afectados. La investigación continúa, y las autoridades chilenas están recabando información para determinar la responsabilidad de los involucrados.
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