La extenista admitió los cargos, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación privada, mientras que su exmarido mantuvo su declaración de inocencia.
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Josep Santacana, muy duro contra Arantxa Sánchez Vicario
Arantxa ha salido relativamente indemne del juicio que enfrentó en septiembre pasado por ocultar activos para eludir el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo. En la jornada del miércoles 17 de enero, el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona condenó a la ex tenista, quien admitió los hechos, a dos años de prisión por el delito de alzamiento de bienes. Sin embargo, la sentencia ha sido suspendida, lo que significa que Arantxa Sánchez Vicario no cumplirá efectivamente la pena y consigue evitar la cárcel. Durante el juicio, la ganadora de Roland Garros responsabilizó a su exmarido, Josep Santacana de la operación.
La jueza concluyó que el empresario, a pesar de mantener su inocencia hasta el final, lideró las maniobras para eludir el pago de la deuda. La condena para Santacana por el mismo delito es más severa, con una pena de tres años y tres meses de prisión. Ambos deberán indemnizar al banco con el pago de 6,6 millones de euros, que incluyen la deuda impagada más los intereses. Santacana podrá apelar la sentencia, una acción que probablemente lleve a cabo. De hecho, parece poco probable que la Fiscalía solicite su ingreso en prisión provisional hasta que no haya una resolución definitiva.
Según dice la sentencia: “De conformidad con la prueba practicada en el acto del juicio oral, resulta sobradamente acreditado que Josep Santacana fue la persona que gestionó el patrimonio de su mujer“, así como que “ideó y llevó a cabo las operaciones de despatrimonialización que comportaron la imposibilidad de Arantxa de pagar la deuda contraída con la querellante“.
El calvario de Arantxa Sánchez Vicario
Con esta sentencia, por el momento, concluye el tormento judicial de Sánchez Vicario, que se inició entre 1988 y 1989 cuando la tenista estableció su residencia en Andorra, lo que llevó a una investigación por parte de Hacienda. Desde entonces, se entablaron numerosas demandas en diversos tribunales. Hubo fallos condenatorios en contra de la campeona, quien defendió su inocencia hasta llegar al Tribunal Supremo. Sin embargo, este último desestimó su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que la condenaba al pago de 3.487.216,50 euros.
La hacienda española sostuvo que Sánchez Vicario residía en Barcelona, en la casa de sus padres, y no en Andorra como había declarado. Para hacer frente a esa sentencia, la tenista solicitó un aval al Banco de Sabadell, el cual fue contraavalado por el Banco de Luxemburgo. Cuando la entidad bancaria exigió el pago a través de una demanda judicial, comenzó el verdadero calvario.
El Banco de Luxemburgo intentó hacer efectiva su sentencia para recuperar el aval y descubrió que la persona, que en principio tenía un patrimonio de hasta 30 millones de euros, era insolvente. No poseía ninguna propiedad. Ante esta situación, el banco presentó una querella en los juzgados de Barcelona por alzamiento de bienes, término que se utiliza coloquialmente para referirse al delito de frustración de ejecución de sentencia. Cualquier acción por parte de un acusado que obstaculice la aplicación de una condena puede llevar a que se le acuse de este delito.
El pacto de Arantxa Sánchez Vicario para evitar la cárcel
Arantxa vive en Estados Unidos desde hace más de una década y asesorada por su equipo legal, hace dos años admitió el delito al declararse culpable en su escrito de defensa. Desde entonces, ha estado pagando regularmente una cantidad al Banco de Luxemburgo cada mes. Según fuentes judiciales, su objetivo era reducir la pena y evitar el ingreso en prisión. Y lo ha conseguido.
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