Un grupo de exfiscales, exmagistrados y juristas ha presentado una acción popular contra el rey emérito, acusándolo de haber regularizado su situación fiscal ante Hacienda en 2021 de forma extemporánea.
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Un grupo de exmagistrados, fiscales anticorrupción, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos y otros intelectuales ha presentado una querella criminal contra el Rey Juan Carlos I por cinco delitos fiscales. Esto se refiere a su regularización fiscal en diciembre de 2020 y febrero de 2021, tras realizar pagos a la Hacienda Pública para saldar deudas por los ejercicios fiscales de 2014 a 2018. Estas regularizaciones fueron una respuesta a las investigaciones sobre ingresos recibidos a través de la fundación Zagatka.
Los querellantes sostienen que la regularización fiscal del Rey Juan Carlos en 2020 y 2021 fue ilegal, ya que la ley prohíbe regularizar una situación cuando ya existe una investigación o inspección abierta, como ocurrió en este caso. Además, señalan que el Rey Emérito estaba al tanto de la investigación por parte de la Fiscalía. José Antonio Martín Pallín, uno de los querellantes, explicó que transcurrieron siete meses entre la notificación inicial y la primera regularización.
Juan Carlos I acusado de cinco delitos contra la Hacienda Pública
Los querellantes acusan al Rey Juan Carlos de cinco delitos fiscales, tipificados en el artículo 305 bis del Código Penal, que conllevan penas de prisión de dos a seis años, y multas de entre el doble y el séxtuplo de la cantidad defraudada, debido a la utilización de personas o entidades interpuestas en la defraudación, que supera los 600.000 euros.
Los querellantes han solicitado que el Rey Juan Carlos declare en su domicilio de Abu Dabi, argumentando que los presuntos delitos fiscales fueron cometidos después de su abdicación, por lo que ya no goza de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución. Además, piden la declaración de una decena de personas y representantes de sociedades que gestionaron sus finanzas o pagaron sus gastos en el extranjero.
También solicitan que se escuchen como testigos a personas relacionadas con la gestión de sus finanzas, incluyendo a su primo Álvaro de Orleans, el abogado Javier Sánchez-Junco, y otros individuos que gestionaron sus recursos en Suiza.
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